La fiscala de la VI Nominación, Adriana Reinoso Cuello, quien investiga la denuncia penal en contra del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Miguel Brito -por presuntas irregularidades en la contratación de obras y servicios- encara dos frentes de tormenta. El primero es político y está relacionado con el pedido que realizó la legisladora radical Silvia Elías de Pérez para que la funcionaria judicial sea apartada de la causa. El segundo es interno y tiene que ver con un pedido de informes que realizó el ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis De Mitri, para verificar cuál fue el avance que tuvo el expediente desde agosto de 2012.
El noviembre del año pasado, la Unión Cívica Radical (UCR), a través de su titular José Cano, ya le había solicitado al ministro fiscal de la Corte que interviniera a los fines de "garantizar el servicio de justicia". "No obstante el tiempo transcurrido y las numerosas pruebas documentales acumuladas, la señora fiscala no ha realizado ninguna medida tendiente al esclarecimiento de este bochornoso hecho que afecta millonarias sumas del dinero del erario público", se había quejado Cano en la nota remitida a De Mitri.
Antes del pedido de apartamiento de la causa realizado por Elías de Pérez el 22 de mayo, la fiscala Reinoso Cuello le envió un informe a De Mitri, mediante el que explicó las medidas que llevó a cabo en el marco de la denuncia penal contra el ex bussista Brito, caratulada "Su denuncia s/Fraude a la Administración Pública".
La titular de la fiscalía VI informó que desde que fue radicada la denuncia giró varios oficios -entre ellos a la AFIP- con el objetivo de que el organismo recaudador remita un informe completo sobre los datos registrados, altas, bajas, aporte "y cualquier otra información pertinente a la empresa DC Construcciones". Esta firma está a nombre de Domingo Corbalán, un vendedor de choripanes. Esta información fue confirmada a LA GACETA por uno de los hijos de Corbalán, en la edición del 26 de agosto de 2012.
Un dato curioso en el informe firmado por Reinoso Cuello es que solicitó un oficio al Registro Provincial de Proveedores del Estado, "a los fines de que informe si la empresa DC Construcciones figura inscripta en el registro". Según la página oficial del Gobierno, en la ventana correspondiente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, no existe un registro de proveedores. "En la Provincia de Tucumán, para la contratación de bienes y servicios, no existe un registro habilitante de proveedores. Cualquier persona que tenga capacidad legal para contratar y cumpla en el momento de presentar la oferta con todos los requisitos y documentación (puede hacerlo)", se explica en el sitio oficial.
Al parecer, las explicaciones de Reinoso Cuello no conformaron al ministro fiscal de la Corte. El 24 de mayo, dos días después del pedido de apartamiento de la fiscala, De Mitri le notificó a la legisladora Elías de Pérez que iniciará una pericia sobre la investigación que Reinoso Cuello lleva a cabo desde el año pasado.